Así lo expresa nuestra legislación y jurisprudencia, así lo entienden nuestros políticos, así actuamos los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Defensa en el extranjero, y así es como debe entender la opinión pública española que se actúa en el exterior.
Sin embargo, mi opinión matiza ligeramente el axioma anterior debido a una serie de consideraciones:
Ø Una cosa es el derecho de todos nuestros compatriotas a ser defendido por las Instituciones y los medios de nuestra nación y otra, completamente diferente, es asumir que todos tenemos derecho a llevar “seguridad privada” para el desarrollo de actividades particulares en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, por conflictivas y peligrosas que éstas sean.
Ø La seguridad en el exterior es cara. La pagamos entre todos los contribuyentes.
Ø Es materialmente imposible (para nosotros y para cualquier otro país) disponer de una Fuerza con los medios humanos y materiales necesarios que aseguren la integridad de todos sus conciudadanos en cualquier parte del mundo.
Ø Los pesqueros pertenecen a entidades privadas con ánimo de lucro que generan importantes sumas de dinero en función de las capturas que realizan.
Ø Marineros, capitanes de los barcos, armadores y compañías frigoristas y conserveras que están detrás de ellos, están puntualmente informados de los riesgos que corren, desarrollando sus trabajo en el inmenso área en que realizan sus labores de pesca.
Ø Los pesqueros son, en general, remisos a manifestar su ubicación concreta, ya que, si están encima del banco de atunes, cuanta menos competencia, más capturas.
Ø La mayoría de los pesqueros españoles tienen sus puertos en aguas vascongadas. ¿y sus banderas? a veces, parecen sentir la necesidad de expresar sus sentimientos de pertenencia al colectivo español, solo en caso de extrema necesidad.
¿Qué deberíamos hacer?, ¿ponemos una fragata detrás de cada pesquero? Con estas consideraciones, yo me pregunto: si yo decido mañana ir a buscar diamantes al centro del Congo donde existe un conflicto armado, mis autoridades nacionales en la zona me advierten del peligro, y aún así decido ir allí persiguiendo mi propio beneficio, ¿hasta qué punto puedo exigir al Estado español que asigne un Grupo de Operaciones Especiales para que me proteja?
Creo que la inmensa mayoría de los españoles estamos especialmente sensibilizados con el sector pesquero, tanto por la reducción que ha sufrido en su flota y en sus caladeros habituales, como por la especial penosidad y condiciones en que se ganan habitualmente la vida. Pero no hagamos demagogia…
… ¡Protección: sí, para eso estamos, pero con los límites que impone la lógica!
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