Como consecuencia de los conflictos regionales de los países vecinos, se origina la llegada de un número desproporcionado de refugiados que se encuentran en un limbo jurídico, (no son ni asilados ni apátridas), cuya situación irregular normalmente acaban pagando los más débiles: los niños refugiados, acompañados y no acompañados, hacinados en los campos de refugiados, quienes carecen de los servicios de salud y educación mas imprescindibles.
El Gobierno, no tiene ninguna estrategia global para hacer frente a la desatención de los refugiados, ni mucho menos al cuidado de los niños. Recientemente ha aprobado un Código de la Familia que establece la estricta prohibición de la adopción. La preocupación de las autoridades se centra en que en la práctica, las adopciones internacionales se dedican al envío de niños fuera del país sin garantizar el respeto a los procedimientos establecidos en las adopciones ni el impacto psicológico que pueden sufrir los propios niños, utilizando los fondos obtenidos para su autofinanciación y sostenimiento.
Las instituciones internacionales observan con preocupación el elevado número de huérfanos y niños vulnerables que necesitan una atención especial y ha instado a las Autoridades de D´jibouti a que velen por la educación de los más desfavorecidos en el propio seno de sus familias y las comunidades de origen o, como último recurso, en centros de cuidados alternativos.
Los niños, además de carecer de educación y acceso a la sanidad, están expuestos a toda clase de despropósitos: los niños trabajan. Aunque la legislación prohíbe el trabajo a los menores de dieciséis años, es frecuente ver jóvenes vendiendo khat, trabajando en restaurantes y pequeños negocios, limpiando zapatos, haciendo de “gorrillas” vigilando coches, trabajando como servicio doméstico. Los niños se ven envueltos en ocasiones en casos de abusos de menores y otros de prostitución infantil. El castigo de los autores de esos actos generalmente consiste en penas muy ligeras.
Los niños son frecuentemente maltratados sin que dichos casos sean especialmente perseguidos por la justicia yibutí. Aunque la Ley contempla la separación de los niños de sus padres, como último recurso, en los casos de abuso o negligencia, ésta tampoco es posible que pueda llevarse a la práctica debido a la ausencia de infraestructura para ello. Otras veces son abandonados. La pena por ello es la cárcel o una multa sustitutiva.
La educación es obligatoria, pero hay que pagar por ella, lo cual equivale a que la obligatoriedad no deja de ser una quimera. Tampoco parece muy recomendable el impacto sobre los menores de la continua práctica de la poligamia de sus progenitores.
De esta manera, nos encontramos que muchos de los niños que viven en orfanatos no son realmente huérfanos, sino que viven en dichos establecimientos como mal menor de los pequeños. Además, como el Gobierno prohíbe su adopción, cualquier camino para estos pobres desgraciados está, en la práctica, avocado al desamparo más absoluto. ¿No es dramática dicha situación?
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